Según los datos del último Censo Agrario, publicado hace solo unos días, los menores de 25 años dirigen menos del 1% de las explotaciones agrarias existentes en España. En concreto, de las cerca de 915.000 personas que gestionan una finca en el territorio español, menos de 4.500 están por debajo de los 25 años de edad. Estas cifras ponen de relieve uno de los mayores retos que tiene ante sí la agricultura española: el relevo generacional.
En el polo opuesto de estas estadísticas se sitúan las personas de 65 años o más, que aglutinan el grupo más numeroso del Censo Agrario, superando las 378.000, es decir, el 41% del total. A este colectivo, ya entrado en edad para jubilarse y disfrutar de un merecido descanso, hay que sumar otras 233.600 personas de entre 55 y 64 años, lo que representa el 25,5%. En conjunto, en España, dos tercios de los jefes de una explotación agraria tienen 55 años o más. Además, la media de edad de las personas que dirigen una explotación agraria en España es de 61 años.
Para afrontar con éxito el desafío del relevo generacional en España, es necesario que se den unas condiciones adecuadas que hagan atractivo el hecho de dedicarse a la agricultura. Unos requisitos que no son únicamente económicos. De hecho, este sector presenta datos muy positivos en cuanto a generación de riqueza y empleo, con una gran pujanza exportadora, lo que se traduce en estabilidad y seguridad para quienes invierten en el campo, alejándose de la especulación que arrojan otras actividades económicas.
El sector agrícola está vinculado a los territorios rurales, por lo que necesita también unos condicionantes sociales para aumentar su atractivo entre la población más joven, principalmente, mejores infraestructuras de comunicación y telecomunicación, así como todos los servicios fundamentales que se encuentran sobradamente en las ciudades, entre ellos, los destinados a cubrir las necesidades de educación, sanidad y servicios financieros.
Una vez garantizados estos servicios, a través de las correspondientes políticas de las Administraciones Públicas, los protagonistas del campo, los agricultores, han de dar un paso adelante para apostar, definitivamente, por un cambio de modelo productivo, en aquellas zonas donde se dan los requisitos agronómicos y de sostenibilidad para llevarlo a cabo con éxito, acometiendo una transición desde los cultivos tradicionales y de escasa rentabilidad hacia otros de mayor valor añadido, denominados cultivos de alto valor, entre los que se encuentran el almendro, el pistacho, el olivar, el nogal, el aguacate y los cítricos.
Además, la agricultura debe apoyarse en los medios técnicos y tecnológicos a su alcance, beneficiándose de los avances que le permitan agilizar las tareas en la finca, ahorrando costes y aumentando la productividad y la calidad del fruto, el establecimiento de sistemas de riego inteligente que optimicen el uso del agua, el aprovechamiento de las energías renovables para el autoabastecimiento eléctrico siempre que sea viable técnica y económicamente, así como apostar por el asesoramiento técnico en cada fase del cultivo para minimizar los riesgos a la hora de tomar las decisiones.
