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¿Qué son los mercados de carbono?

que son los mercados de carbono

Los mercados de carbono son sistemas comerciales en los que se realizan operaciones de compra y venta de bonos de carbono o certificados de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero (GEI). Estos mercados surgen para dar respuesta y paliar, en la medida de lo posible, los efectos del exceso creciente de este tipo de gases culpables del calentamiento global y de sus consecuencias, entre ellas, el cambio climático.

La acumulación de dióxido de carbono (CO2) en la atmósfera no ha dejado de aumentar como consecuencia de la industrialización, que ha multiplicado el uso de fuentes emisoras de CO2 en consonancia con el auge de los transportes, así como del consumo de energía y combustibles fósiles, principalmente. Un fenómeno que se ha disparado a partir de la segunda parte del siglo XX, por lo que la concentración de CO2 en la atmósfera se ha incrementado un 33% entre 1958 y 2022, al pasar de 316 ppm (partes por millón) a 419 ppm. Las partes por millón son una medida de concentración, que hace referencia a la cantidad de unidades de la sustancia que hay por cada millón de unidades del conjunto.

La Tierra se acerca al peligroso límite de los 1,5ºC de calentamiento global, según marcan los registros. El Acuerdo de París (diciembre de 2015) estableció, entre sus objetivos a largo plazo como guía para todas las naciones, “mantener el aumento de la temperatura media mundial muy por debajo de 2ºC con respecto a los niveles preindustriales, y proseguir los esfuerzos para limitar ese aumento de la temperatura a 1,5ºC con respecto a los niveles preindustriales, reconociendo que ello reduciría considerablemente los riesgos y los efectos del cambio climático”.

Además, recogía la necesidad de “aumentar la capacidad de adaptación a los efectos adversos del cambio climático y promover la resiliencia al clima y un desarrollo con bajas emisiones de gases de efecto invernadero, de un modo que no comprometa la producción de alimentos”.

Para alcanzar este objetivo, los países se proponen lograr un planeta con clima neutro para mediados de siglo, es decir, en 2050. El pacto de París es un hito en el proceso multilateral del cambio climático porque, por primera vez, un acuerdo vinculante hace que todos los países se unan en una causa común para emprender esfuerzos ambiciosos para combatir el cambio climático y adaptarse a sus efectos.

Si no se lograse el objetivo del Acuerdo de París y la temperatura global aumentase esos 1,5ºC, las consecuencias climáticas serían muy graves, poniendo en peligro numerosas regiones y ecosistemas en el mundo. Por ello, la Unión Europea articuló medidas para incentivar la reducción de emisiones de GEI y frenar el calentamiento global, con la firme intención de alcanzar la neutralidad climática en la UE para 2050, marcando como objetivo intermedio la reducción neta de las emisiones GEI en al menos un 55% para 2030.

Régimen de Comercio de Derechos de Emisión

Entre estas medidas se encuentra el Régimen de Comercio de Derechos de Emisión (RCDE o ETS, por sus siglas en inglés, es decir, Emissions Trading System). Este instrumento está basado en incentivos y penalizaciones económicas para reducir las emisiones de los GEI, en el que se define un límite máximo de emisiones que pueden ser liberadas por los participantes incluidos en el sistema. Creado en 2003, alcanzó una reducción de las emisiones de casi un 43% en el conjunto de la UE en 2020, en comparación con los niveles de 2005, y una disminución del 55% en España.

El derecho de emisión es la potestad para emitir una tonelada equivalente de CO2 durante un periodo determinado. Las instalaciones incluidas en el sistema deben entregar un número de derechos igual al de sus emisiones durante ese periodo. La asignación de derechos de emisiones entre las instalaciones puede hacerse de forma gratuita o mediante subasta; y posteriormente, hay un seguimiento y control de estas emisiones. En cifras generales, el RCDE afecta a más de 10.000 instalaciones y a más de 2.000 millones de toneladas de CO2, en torno al 45% de las emisiones totales de GEI en la UE. Todo ello, hace referencia a instalaciones de los 27 Estados miembros de la UE que se dedican a las siguientes actividades: centrales térmicas, cogeneración, otras instalaciones de combustión de potencia térmica superior a 20MW (calderas, motores, compresores, etc), refinerías, coquerías, siderurgia, cemento, cerámica, vidrio y papeleras.

RCDE, el primer mercado internacional de derechos de emisión

En 2018 se aprobó la Directiva (UE) 2018/410 del Parlamento Europeo y del Consejo, por la que se modificaba la Directiva 2003/87/CE para intensificar las reducciones de emisiones de forma eficaz en relación con los costes y facilitar las inversiones en tecnologías hipocarbónicas. Esta normativa constituye el marco legislativo del RCDE para alcanzar sus objetivos de reducción de emisiones de cara a 2030, en línea con los compromisos asumidos por el Consejo Europeo en 2014, así como por los recogidos en el Acuerdo de París en 2015. La Directiva establece las reglas para la cuarta fase de comercio del RCDE

El RCDE fue el primer mercado internacional de derechos de emisión que ha dado lugar a los denominados mercados voluntarios, que son sistemas que permiten a organizaciones compensar sus emisiones a través de la compra de Créditos de Carbono. Funcionan en paralelo a los mercados regulados obligatorios y, en la actualidad, cada vez más entidades recurren a ellos.

Los mercados de carbono regulados son de obligado cumplimiento. Es decir, es el marco para aquellas empresas e instituciones que deben demostrar que sus emisiones de GEI se corresponden con las cuotas que permiten sus bonos. Básicamente, se trata del mercado de carbono oficial, el que está controlado por los gobiernos y demás instituciones supranacionales (RCDE). Por otro lado, están los mercados voluntarios de carbono, que hacen referencia a aquellos que comercializan este tipo de bonos, pero que están al margen de las exigencias oficiales y obligatorias.

¿Cómo reducir las emisiones de carbono?

Para reducir y compensar nuestras emisiones de CO2 como empresa, en primer lugar, calculamos la huella de carbono; después debemos reducir el consumo energético, aumentar la eficiencia energética y apostar por el uso de energía renovable en sustitución de las fuentes de combustible fósil, así como identificar otras áreas de mejora. Para aquellas actividades cuyas emisiones no se pueden reducir, se puede invertir en proyectos de conservación medioambiental locales o internacionales.

Inversiones en proyectos de mejores de emisiones

Como país, podemos invertir en proyectos de mejora de emisiones en otras naciones como medida de compensación por emisiones de GEI. En este sentido, se pueden diferenciar dos tipos de inversión: Mecanismo de Desarrollo Limpio, que permite a los países industrializados con un compromiso de reducción de gases de efecto invernadero invertir en proyectos que reducen las emisiones en los países en desarrollo como alternativa a las reducciones de emisiones más costosas en sus propios países; o Implementación Conjunta, que consiste en que los países industrializados cumplan con parte de las compensaciones requeridas mediante la inversión en proyectos de reducción de emisiones en otros países industrializados.

Para llevar a cabo la compensación de emisiones se pueden adquirir créditos de carbono participando como promotores de proyectos que absorben y capturan CO2 en España, países de la UE y en países en vías de desarrollo o adquiriendo los derechos de parte de los créditos generados en esos proyectos. Según Ecosystem Marketplace, en 2019 se movilizaron 273 millones de euros en los distintos mercados voluntarios de carbono, una cifra que asciende a 5.000 millones si tenemos en cuenta los últimos 20 años.

Los créditos de carbono son un instrumento económico contemplado en el Protocolo de Kioto, que únicamente pueden ser generados por los mecanismos establecidos en dicho Protocolo. Un crédito o bono de carbono es una unidad que representa una tonelada de CO2 equivalente absorbida o evitada (su emisión) en la atmósfera.

 Según el tipo de mecanismo, se distinguen diferentes tipos de créditos de carbono:

 

Emissions Reduction Unit (unidad de reducción de emisiones)

Es la cantidad equivalente a una tonelada de CO2 que se deja de emitir a la atmósfera por la puesta en marcha de un proyecto de aplicación conjunta.

Certified Emission Reduction (reducción certificada de emisiones)

Representa una tonelada de CO2 que deja de emitirse a la atmósfera y que ha sido generada y certificada mediante el esquema del mecanismo de desarrollo limpio.

Removal Unit (unidad de absorción por forestación y reforestación)

Cuota disponible para conseguir la eliminación de los gases de efecto invernadero mediante el uso de sumideros de carbono.

Estos créditos de carbono generados por diferentes tipos de proyectos sostenibles han de ser certificados por un tercero, una entidad reconocida que se denomina Carbon Development Mechanism (CDM). Las más conocidas son Gold Standard y Verra, que se encargan de verificar el cálculo de los créditos de carbono. Posteriormente, se pueden vender a empresas o a inversores individuales para la compensación de sus propias emisiones de CO2.

Según el tipo de proyecto, asociado a la cifra de emisiones de CO2, ya sea de la industria química, la construcción, la agricultura, etc., estas entidades siguen una metodología de cálculo de escenario de partida, proponen unas medidas de mejora y realizan una estimación de reducción y absorción de C. En paralelo, han surgido iniciativas privadas que operan a escala internacional con sus propios estándares y mecanismos de certificación, en función de los distintos tipos de proyectos. Entre los más conocidos en el sector agro destacan Ingigo AG, Nori, y Agreena, y puro.earth con estándares en construcción y biochar entre otros. Están surgiendo nuevos operadores rápidamente al tratarse de una actividad muy reciente.

La agricultura del carbono está relacionada directamente con el funcionamiento de los mercados y los créditos de carbono. Consiste en desarrollar un modelo de actividad agrícola reduciendo las emisiones de GEI, a la vez que se almacena carbono en el suelo, contribuyendo así a luchar contra el calentamiento global y a paliar los efectos del cambio climático.

 

 

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